El presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, no compartió la decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, de ordenar una investigación de oficio por la declaración de gastos de Karina Oliva (Comunes) en su campaña a gobernadora metropolitana, por un presunto delito de fraude de subvenciones, pues ella ingresó un abultado monto por el pago a siete asesores de su propio partido.
Tagle econoció la gravedad de los nuevos antecedentes en CNN Chile, información que se refiere a que "habrían pagos anteriores a la campaña, que obviamente eso es incorrecto, eso está fuera de lugar, y que se habría a través de una persona cobrado honorarios para muchos otros, que obviamente eso es una cosa improcedente".
A su vez, reiteró que el reportaje de Ciper Chile "mezcla la primera vuelta -que ya está aprobada- con datos de la rendición de la segunda vuelta, que está pendiente en el Servel. Y muchas de las cosas de ese reportaje, unos eventos y desayunos, se refieren a la segunda vuelta", apuntando que el análisis del balotaje "se va a hacer en el futuro, por lo tanto, las cifras para nosotros no son las mismas que se están diciendo".
En ese sentido, indicó que la ley de gasto electoral tipifica faltas y delitos por separado: las primeras se resuelven con multas sancionadas por el Servel y las reclamaciones respectivas son tramitadas por el Tribunal Electoral, mientras que los delitos tienen que ser denunciados por el ente electoral, algo que Tagle adelantó ayer que haría si se determinaba que correspondía.
"Bienvenido si hace investigación la Fiscalía, pero las facultades de denunciar -finalmente nos tendrá que poner los antecedentes- la tenemos nosotros", enfatizó el presidente del organismo, lamentando que previamente han ingresado denuncias por las que el Ministerio Público aún no se pronuncia, por lo que "le pediría al fiscal que resuelva las denuncias pendientes".
Una de ellas es la interpuesta en 2018 a raíz de la tercera campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami (PRO) en 2017, pues en dicha rendición de gastos, "para completar el máximo derecho a reembolso que tenía, metieron una factura de una sociedad que se constituyó después de la elección, que aparecía prestando servicios antes de la elección".
"Ese caso todavía esta pendiente y ojalá lo resolvieran antes que este (de Karina Oliva), porque ya llevamos cuatro años y no pasa mucho. Entonces hoy veo embarcada a la Fiscalía que debiera hacer de oficio, cuando tiene casos pendientes de hace cuatro años", fustigó.
Además, criticó que ante las acusaciones contra Oliva "la Fiscalía fue muy apresurada a investigar delitos. No dice que son los de la ley electoral, dice que son otra cosa. Las investigaciones y las denuncias, aquí en realidad nos corresponden a nosotros, y tenemos que separar lo que es faltas, que tiene una sanción de multa, de lo que es delito, en que tenemos que hacer las denuncias. Y en el pasado hemos hecho denuncias, pero la Fiscalía avanza poco y ni siquiera hemos recibido un 'feeling' de vuelta de qué pasó con esa denuncia".
PIDE REVISAR LA NORMATIVA VIGENTE
Frente a casos como los de Oliva y ME-O, Tagle arguyó que después de dos periodos electorales completos desde que entró en vigencia en 2015, es momento de revisar la ley de gasto electoral, en particular dos falencias principales. La primera es que "no tenemos la facultad de fijar máximos en cierto tipo de cosas, como los honorarios, o simplemente de las palomas que se pone en las plazas".
En segundo lugar está el que, al comenzar las revisiones de las cuentas de las candidaturas un mes después de los comicios, "ya se sabe los votos y el máximo que una persona puede conseguir de reembolso. Por lo tanto, en todos estos gastos intangibles -como son los sueldos y los honorarios- no sabemos cuándo se están fijando, si de verdad cuando se contrató a la persona, o después de cuando se sale de la campaña".
"Una medida correcta sería que se informaran todos los contratos de personas y asesorías diciendo el RUT, el monto y su plazo, en el momento en que se hacen, y no después de la elección", propuso el presidente del Servel.
FISCALÍA PIDIÓ "PRONUNCIAMIENTO DEL SERVEL"
En tanto, el fiscal Héctor Barros dio cuenta que pidieron un pronunciamiento del Servicio Electoral, dado que la investigación de oficio en este caso por ahora es solo un eventual fraude en las subvenciones.
"Hemos dispuesto una serie de diligencias que las está trabajando directamente Carabineros de Chile a través de la unidad de lavado de activos que ellos tienen, al Servicio Electoral la remisión de los antecedentes que constan también en su poder para efectos de poder delinear la investigación", puntualizó el persecutor.
En esta línea, afirmó que "lo que pueda pasar respecto al resultado electoral o no, la verdad que no es una preocupación que yo tenga en este momento. Hemos mandado ya un oficio al Servel pidiendo que tome una decisión si denuncia o se querella o en su defecto se mantiene inactivo".
La Fiscalía hasta ahora investiga un eventual fraude en las subvenciones y no tiene facultades para investigar delitos electorales, para eso sería necesario una denuncia del Servicio Electoral.
