Víctor Ancalaf y Jaime Marileo entregaron sus testimonios ante el Tribunal.
Este jueves culminará el juicio con declaración de peritos y alegatos finales.
El juicio ante la Corte IDH culminará este jueves.
Dos comuneros mapuche acusaron al Estado de Chile, en una audiencia ante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), de violar sus derechos humanos al haberlos procesado por terrorismo.
Los jueces de la CorteIDH escucharon el testimonio de los mapuches Víctor Ancalaf y Jaime Marileo, quienes fueron condenados a 10 años de cárcel por terrorismo en 2002 y 2004, respectivamente, bajo una ley antiterrorista que, según la demanda contra Chile, ha criminalizado la protesta social y discrimina al pueblo indígena.
"La lucha social de nuestro pueblo es histórica en la cual se enmarcan los derechos del pueblo Mapuche, que es un pueblo respetuoso. El pueblo Mapuche no es un pueblo terrorista, no tiene nada que ver con eso", expresó Ancalaf ante los jueces.
Ancalaf relató que fue detenido en 2002 cuando se desempeñaba como werkén (portavoz o mensajero) de 32 comunidades mapuche, cargo en el que afirma se logró un acuerdo con entidades gubernamentales para la compra y devolución de tierras.
Por su parte, Marileo manifestó ante los jueces que tiene "mucha confianza" en que emitirán una "resolución favorable porque en Chile se violan mucho los derechos humanos de los mapuches".
El indígena mapuche aseguró que fue condenado a diez años de prisión solo por "reivindicar tierras que pertenecen a nuestros antepasados".
Marileo relató que salió en libertad condicional en al año 2010, pero desde entonces no ha podido encontrar trabajo debido a sus antecedentes penales por terrorismo y agregó que su comunidad se mantiene "militarizada", lo que intimida a los pobladores.
Testimonio de hijo de líder mapuche fallecido
Los jueces también escucharon al testigo Juan Pichún, hijo del líder indígena Pascual Pichún, quien fue condenado por terrorismo y que falleció el pasado 30 de marzo.
"Luchó por la tierra, que es un derecho que corresponde ancestralmente", expresó Juan Pichún.
En tanto, los representantes del Estado no realizaron preguntas a los declarantes, mientras que el juicio terminará este jueves con la declaración de tres peritos y los alegatos finales de las partes.
La demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la CorteIDH indica que estas personas fueron procesadas y condenadas por delitos terroristas "en aplicación de una normativa penal contraria al principio de legalidad" y que "toma en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria"
El caso y la postura de la CIDH
Rose-Marie Belle Antoine, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que eleva los casos a la Corte, afirmó que Chile violó derechos humanos de los mapuches al discriminarles por su etnia y al no garantizarles el debido proceso.
La CIDH identifica como las víctimas de este caso a Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Patricia Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe.
Belle Antoine expresó ante los jueces que estas personas fueron procesadas y condenas por delitos terroristas "en aplicación de una normativa penal contraria al principio de legalidad" y que "toma en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria".
Agregó que estas condenas afectaron los derechos individuales de las personas procesadas y además la estructura social del pueblo Mapuche.
Además, dijo que las autoridades judiciales chilenas no hicieron distinciones entre las reivindicaciones del pueblo indígena por medio de sus protestas sociales y los actos de violencia protagonizados por "ciertos grupos minoritarios" en un contexto llamado "el conflicto Mapuche".
