La Corte de Apelaciones de La Serena acogió este viernes el recurso del Ministerio Público y ratificó la prisión preventiva para la banda narco que, a inicios de esta semana, habían sido liberados bajo fianza en Ovalle, en una decisión que levantó polémica dada la peligrosidad de los imputados.
El tribunal de alzada, que ya había ordenado el martes mantener a los 23 integrantes tras las rejas al dictar una orden de no innovar, finalmente aceptó la apelación de la Fiscalía Regional de Coquimbo y revocó la resolución Juzgado de Garantía de Ovalle, que había autorizado que los criminales pudiesen obtener su libertad previo pago de una caución de dos millones de pesos.
La Corte razonó que "la pena asignada al delito, el carácter pluriofensivo del ilícito en relación con el bien jurídico protegido -salud pública-, que se actuó en grupo o pandilla", permitan determinar que "la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad".
El grupo criminal está imputado por los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, presuntamente cometidos desde el 2019.
En detalle, ordenó la prisión preventiva para 22 de los formalizados.
En tanto, para la última encausada dictó medidas menos gravosas, de arresto domiciliario total y arraigo nacional, debido a que cursa un "avanzado estado de embarazo" y presenta "problemas de salud derivados del mismo, lo que consta porque debió ser trasladada al Hospital de Ovalle cuando estuvo detenida", por lo que "se estima que otras cautelares pueden asegurar (tanto) los fines del procedimiento como la integridad de quien está por nacer".
Luego de que los presuntos narcos consiguieran su libertad, gracias a la controversial resolución del Juzgado de Garantía, Carabineros informó el miércoles el arresto de una de las imputadas, en el marco de un control rutinario. Los otros 22 sospechosos, sin embargo, permanecen prófugos y son buscados intensamente por las policías.
Según la indagatoria que desarrollan desde hace más de un año la Fiscalía de Coquimbo y la Policía de Investigaciones, los imputados conformaban desde julio de 2019 una organización criminal asentada en Ovalle, bajo una estructura jerarquizada, con células dependientes y con roles definidos.
Mantenían operaciones en diversas comunas del país, en especial en la otrora Cuarta Región, con el objetivo de cultivar, procesar y traficar marihuana; además, poseían y almacenaban armas de fuego y municiones. Y para ocultar el origen ilícito del dinero obtenido, adquirieron diversos bienes.
