Siete de las 23 personas acusadas de ser integrantes de una banda narco en Ovalle pasaron a control de detención en el cuestionado Juzgado de Garantía de Ovalle, que anteriormente causó polémica por dejar en libertad -bajo fianza- a todos los presuntos miembros de la banda.
El caso tomó notoriedad puesto que, tras la captura de los 23 sospechosos durante la denominada "Operación Diamante Verde", el juez de Garantía ovallino, Luis Muñoz, rechazó la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y, en cambio, autorizó que los imputados pudiesen obtener su libertad previo pago de una caución de dos millones de pesos.
Sin embargo, la Fiscalía Regional de Coquimbo apeló la decisión ante la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, que finalmente concedió una orden de no innovar y ratificó mantener a los 23 imputados en prisión.
Tras la determinación del tribunal de alzada, seis de los presuntos integrantes de la banda se entregaron voluntariamente, además de una mujer que fue detenida la semana pasada durante un control rutinario en el balneario de Guanaqueros, en la Región de Coquimbo, así como también otro hombre que fue capturado en su vivienda.
"El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial que desarrollamos durante estos días, permitió establecer la ubicación de un imputado, procediendo con su detención en la noche del domingo, y otros seis blancos de investigación se entregaron voluntariamente en el tribunal correspondiente durante la mañana de este lunes. Esto para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva. Aún se mantienen las acciones para detener al resto de la estructura criminal", indicó el subprefecto de la PDI Miguel Cabezas.
El abogado defensor Carlos Silva -representa a tres imputados que se entregaron y el cuarto que fue detenido- señaló que "la decisión de parte de mis defendidos nos servirá para ejecutar los actos de defensa necesarios para desarrollar nuestra teoría del caso, nos va a permitir pedir diligencias, que ellos pueda ser peritados por nuestros profesionales. Además de eso, gestionar su declaración ante la Fiscalía y estar prontamente pidiendo la revocación de esta medida de privación de libertad".
El jurista cuestionó la versión del Ministerio Público de que todos los acusados tienen la misma responsabilidad en los hechos que se imputan, y precisó que "el escenario que fue planteado inicialmente de una organización criminal y de una serie de delitos que han sido formalizados, no es tal; que hay infracción de las Ley 20.000, que son hechos aislados y participaciones particulares por algunos de ellos, pero vamos a controvertir la propuesta genérica que ha hecho el Ministerio Público en su formalización".
Finalmente, el delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna, aseguró que "vamos a continuar este trabajo, para nosotros este es un caso importante en la región, tenemos un compromiso como Gobierno de dar la pelea al narcotráfico y al narcocultivo. Vamos a seguir trabajando para las familias de la Región de Coquimbo, no vamos a cesar en estos esfuerzos".
Aun así, todavía faltan 15 sospechosos que se encuentran en calidad de prófugos tras haber sido dejados en libertad por el mencionado tribunal.
