En la jornada previa a que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional presentó el informe "El Estado como 'aparato reproductor' de violencia contra las mujeres".
En el texto, se afirma que quienes toman decisiones cruciales en lo sexual y reproductivo no son las mujeres, sino que terceras personas como el Estado y profesionales de la salud.
Además, se ejemplifica con un caso chileno que "la legislación es capaz de producir violencia institucional y tortura u otros malos tratos en ámbitos de salud sexual y reproductiva".
En este contexto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional-Chile, Ana Piquer, comentó el debate por el proyecto de aborto en tres causales -inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación- que se discute en el Congreso, asegurando que "sí, esperamos que se apruebe".
"Nosotros tenemos mucha expectativa en que si bien pueda ser un avance chiquitito, sea un avance y pueda darle alguna protección a algunas mujeres en Chile que están en alguna de estas tres causales. Esperamos que se aprueben las tres causales y esperamos que la regulación de las causales o de la objeción de conciencia no sea tan restrictiva y tan difícil de cumplir, que en la práctica genere que esta ley sea letra muerta", aseveró.
Aprensiones
Amnistía Internacional llamó a que los Estados de América a "modificar todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva que puedan producir violencia institucional" e hicieron un llamado a Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIA) "a involucrarse más en esta discusión crucial para la región dado el contexto de discriminación estructural".
Gonzalo Leiva, matrón y activista pro derechos sexuales y reproductivos de la mujer, sostuvo que la aprobación del proyecto sobre aborto no garantiza que la violencia de género termine.
"Si se aprueba el proyecto igualmente, en una primera instancia, va a seguir ocurriendo que estas mujeres se van a seguir encontrando con estos profesionales que (dicen) 'no, yo no' y, peor aún, habrá instituciones que van a hacer objeción de conciencia en bloque y esa mujer va a quedar sin un profesional, que es lo que los Estados tienen que garantizar", manifestó.
Leiva añadió que "tenemos casos de algunos hospitales acá en Santiago que están 'administrados' por universidades con influencia religiosa y ahí no se entrega la píldora del día después, no se utiliza la esterilización y con plata de todos finalmente, lo que es lo más complejo".
Objeción de conciencia
Respecto a la objeción de conciencia, que apunta a la decisión que pueden tomar los facultativos al realizar la interrupción del embarazo, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, diputado socialista Leonardo Soto, dijo que "así como a nadie se le va a imponer que se haga aborto, lo mismo va a ocurrir con los médicos que sean requeridos para practicar este tipo de prestaciones médicas".
"A ellos tampoco se les va a obligar y el establecimiento va a tener la obligación de reasignar otro médico cirujano a las pacientes que se pretendan practicar alguna interrupción del embarazo por estas tres causales", precisó.
El parlamentario sostuvo que "en los casos en que no exista un facultativo, deberá derivarla a otro establecimiento".
Debate en el Congreso
Este martes continuará el debate del proyecto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, desde donde saldrá una propuesta que pasará a trámite en la Sala tras aprobarse en la instancia las tres causales.
Otro tema pendiente tiene que ver con las denuncias, es decir, que se permita a los médicos denunciar un aborto en caso de violación sin autorización de la mujer para que la Fiscalía investigue.
Esta fue una de las exigencias de la Democracia Cristiana para aprobar la causal de aborto.
El diputado DC Fuad Chahín indicó que "los centros hospitalarios o establecimientos de salud están obligados, deberán enviar los antecedentes al Ministerio Público para que éste inicie una investigación de oficio respecto del delito de violación, si es que no hay una denuncia previa de la víctima".
"Porque lo que busca esta indicación es que la despenalización de la interrupción del embarazo por esta causal no genere un espacio para la impunidad del delito", sentenció.