María Soledad Barría sostuvo que el fallo que acogió a tramitación dos recursos de protección contra la política estatal es sólo una resolución de forma, y no de fondo.
La ministra de Salud, María Soledad Barría, aseguró que el Gobierno tiene el sustento técnico y legal para impulsar la entrega de la "píldora del día después" a las adolescentes mayores de 14 años, sin que sea necesario el consentimiento de los padres.
Así lo aseguró la secretaria de Estado al comentar la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió a trámite dos de los tres recursos de protección que se presentaron contra la política pública, por parte de alcaldes UDI y dos padres de familia.
"La verdad es que estoy tan cierta que aquí hay una cantidad de elementos, que he venido justamente a poner en conocimiento de los señores alcaldes, de justificación de la normativa técnica", dijo Barría.
La ministra añadió que se trata de "una política de Estado desde el año 65 en adelante, o 62 incluso en adelante, que me parece que hay los suficientes argumentos técnicos así como el respaldo legal para justificar nuestra política".
La titular de Salud aseveró que el dictamen del tribunal de alzada capitalino es una resolución formal y no de fondo, por lo que se seguirá adelante con la medida.
La secretaria de Estado tuvo una reunión-almuerzo con la directiva de la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), en la que dio a conocer los aspectos más relevantes de la cuestionada política gubernamental.
Tras el encuentro, el organismo sostuvo que no se oponen a la aplicación de la medida, pero sí acordaron que es importante reforzar la consejería a las jóvenes que requieran la "píldora".
El vicepresidente del organismo y alcalde de Buin, Angel Bozán, dijo que respetan las distintas opiniones de los jefes comunales asociados, pero aclaró que respaldan la medida gubernamental.
La Corte de Apelaciones acogió a tramitación este lunes el recurso presentado por el alcalde de La Florida, Pablo Zalaquett, y otro por dos padres, que cuestionan que la distribución del anticonceptivo de emergencia a menores de edad, sin el consentimiento de sus progenitores.
En tanto, el tribunal de alzada desestimó la presentación de la alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza, quien alegaba supuestos efectos cancerígenos en el levonorgestrel, el componente activo del anticonceptivo de emergencia, que en una de sus denominaciones se vende bajo el nombre de Postinor-2, lo que fue rechazado por el tribunal de alzada. (Cooperativa.cl)
