Hoy 141 personas, que aparecen como querellantes en esta causa, hablan ante el tribunal.
Se conocerá si se aprueba la suspensión condicional del procedimiento tras el acuerdo entre la Fiscalía Occidente e imputados.
"Queremos que el tribunal rechace esta medida tan perjudicial para las víctimas", dijo abogado querellante sobre acuerdo.
Este lunes, en el Centro de Justicia, se conocerá si se aprueba la suspensión condicional del procedimiento tras el acuerdo entre la Fiscalía Occidente y los seis imputados en el caso tsunami por la fallida alerta del 27 de febrero de 2010.
Esto podría implicar el término de la indagatoria sin juicio ni tampoco una condena.
Por orden de la jueza Carolina Gallardo, 141 personas que aparecen como querellantes en esta causa tendrán la oportunidad de hablar ante el tribunal, lo que ocurrirá en orden alfabético durante la presente jornada y partiendo con las víctimas de Juan Fernández.
La jueza permitió que los familiares pudiesen hablar en la audiencia, declaraciones que se extenderían por varios días en el Centro de Justicia.
El fiscal regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, informó al inicio de la audiencia que no va a perseverar en la investigación en contra de la Presidenta Michelle Bachelet, tras no tener antecedentes que justificaran esa indagatoria.
Los mismos querellantes pedían la imputación de la propia Mandataria.
Previamente, el persecutor dijo que respetarán lo que digan los afectados, pero que igualmente insistirán en la salida alternativa.
"Lo que pretendemos nosotros es que se respete lo que el Código señala, que las víctimas sean escuchadas. Entendemos que todo esto proceso debe ser con respeto, con moderación y el Tribunal es el que tiene la facultad en la audiencia para moderar el debate", aseveró.
Pérez Calaf añadió que "esperamos que esto se dé bajo las reglas que el tribunal establezca. La situación está ofrecida, está consensuada con las defensas, ahora falta la parte final de que el tribunal escuche a las víctimas y el tribunal si la acoge o la rechaza".
El arreglo fue decidido por el persecutor jefe Occidente a 45 días de asumir el caso, lo cual ha levantado una serie de cuestionamientos sobre su actuar.
Junto con pagar 245 millones de pesos de indemnización, el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los imputados implica que el subsecretario del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett; y los marinos del SHOA, Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina, tendrán que leer una carta en la que no deberán pedir perdón necesariamente, y también financiar un seminario sobre terremoto.
En la audiencia de este lunes se plantearon cuáles van a ser las condiciones para la suspensión condicional, quedando en 235 millones de pesos lo que deberán pagar los imputados a las víctimas y tendrán que desembolsar 10 millones de pesos para realizar un seminario y finalmente la declaración pública, que no incluye un reconocimiento de culpa.
Sobre la declaración de los familiares de las víctimas, en la defensa de la ex directora de la Onemi, el abogado Luciano Fouillioux dijo que "les corresponde, y lo reconoce la ley, que nosotros como defensas respetamos y alentamos. No hay ningún conflicto en que así suceda. Nos parece que esto es una contribución".
Querellante pedirán rechazar acuerdo
Por su parte, el abogado querellante Carlos Fairlie confirmó que, tras la intervención de los familiares, pedirán que se rechace esta suspensión condicional del procedimiento.
"Lo más importante es velar porque esta suspensión sea rechazada por el tribunal y es ahí cuando los abogados querellantes tenemos que manifestar nuestros antecedentes legales, dogmáticos, que acrediten que este acuerdo es absurdo y que no beneficia en nada a las víctimas del tsunami", aseveró.
Sostuvo que "desde esa perspectiva, queremos que el tribunal rechace esta medida tan perjudicial para las víctimas".
Cada testimonio ante el Tribunal se espera que sea de 10 minutos y luego de la intervención de los familiares de las víctimas, comenzará la discusión en torno a la salida alternativa en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Antes de ingresar a la audiencia, Patricia, que perdió a uno de sus hijos y rescató a otra el 27-F, expresó a Cooperativa que la salida alternativa "no me parece muy bien, porque tiene que ser al favor de las familias que estamos acá".
"Muchos hemos sufrido, más de seis años sufriendo y ya que la señora Bachelet se ponga la mano en el corazón, que también es madre y dé algo por nosotros", manifestó.
Marina Contreras, quien llegó desde Constitución y perdió a su hijo de nueve años, criticó que los imputados "no quieren dar disculpas públicas. Lo único que esperamos como familiares es que nos miren a la cara y nos digan 'sí, cometimos errores, vamos a pagar lo que hicimos'".
"Estamos contentos que nos van a escuchar, vamos a poder descargar esta tristeza que llevamos dentro. La voz de nuestros familiares que murieron ese 27-F de nosotros que seguimos luchando porque se haga justicia", declaró a Cooperativa.
