La socióloga Valentina Correa, hija del empresario asesinado en 2020 por un sicario en Concón, se sumó al debate sobre la Ley de Usurpaciones que actualmente tramita el Congreso.
La iniciativa forma parte del "fast track" de 31 proyectos de seguridad priorizados -en acuerdo- por el Gobierno y el Parlamento, y en los últimos días ha recibido críticas de parlamentarios de Apruebo Dignidad y de organizaciones como TECHO-Chile, que le atribuyen el resultado de "criminalizar la pobreza".
Valentina Correa respondió a partir de su propia experiencia, marcada por el crimen de su papá, Alejandro Correa, que fue motivado justamente por su intento de recuperar un terreno que fue tomado y loteado ilegalmente en la comuna de Quilpué.
TAREA "URGENTE"
"Actualizar nuestra legislación en materia de usurpaciones de terreno es urgente, ya que el fenómeno se ha vuelto más complejo: hay traficantes de terreno, que lotean y estafan a otros; existen loteos brujos sobre humedales y otros que son refugio de narcotráfico y crimen organizado. Sumado a lo anterior, están los campamentos históricos y los más nuevos, familias a las que, por una necesidad imperiosa, no les queda otra opción que llegar a una toma", planteó Correa en una carta enviada a El Mercurio.
En este contexto, afirmó, "el Congreso está llamado a resguardar la seguridad de todas las personas que viven en el país, el derecho a propiedad, respetar el desarrollo de las ciudades y, por cierto, promover el acceso a la vivienda. Esto último con un énfasis particular, mirando a las familias que hoy viven en condiciones de hacinamiento o en situaciones muy precarias, ahorrando mes a mes para su vivienda y, al mismo tiempo, viendo cómo otros se saltan la fila".
"Las personas que vivimos en Chile no queremos el far west ni criminalizar la pobreza, lo que esperamos es que el Congreso sea capaz de legislar fenómenos complejos resguardando todo lo mencionado en esta carta", planteó.
"Cuando hablamos de usurpaciones de terreno, hablamos de injusticia social; por las familias que viven en campamentos, por las que son estafadas, por los propietarios asaltados e incluso, como en el caso de mi familia, con un homicidio que esconde narcotráfico, es decir, también es un tema de seguridad", argumentó.
"Concuerdo con que las usurpaciones de terrenos son un fenómeno complejo y que compete a varias reparticiones del Estado, pero eso no puede ser una excusa para que el Congreso no haga su parte: es su deber moral detener un posible far west y el actual laissez faire (dejar hacer)", concluyó la directora ejecutiva de la Fundación Para la Confianza.
El crimen de Alejandro Correa tiene ya a cinco sujetos condenados: cuatro a propósito del asesinato por encargo y otro, un profesor llamado Luis Alarcón Cáceres, por el loteo irregular del tereno usurpado.
