El diputado Eduardo Durán (RN) insistió en que los habitantes del asentamiento se "están saltando la fila".
Desde el oficialismo defienden la acción del Gobierno y el diputado Jaime Mulet (FRVS) apuntó a que es un tema heredado de la segunda Administración de Sebastián Piñera.
La polémica por la orden de desalojo de la megatoma de San Antonio en el Cerro Centinela y posterior anuncio de expropiación de más de 110 hectáreas de terreno continúa, mientras la oposición acusa una vulneración del derecho de propiedad privada de los dueños del terreno.
Si bien la Corte de Apelaciones acogió el plan de ejecución del desalojo que presentó la Delegación Presidencial de Valparaíso, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que ésta comenzará durante este gobierno, pero va a terminar en el próximo.
Por ello, desde Renovación Nacional, el diputado Eduardo Durán advirtió que "lo que está ocurriendo en la megatoma de San Antonio es extraordinariamente grave".
"No solo se está vulnerando el derecho de propiedad privada de sus dueños, sino que además se envía una señal muy peligrosa al país: que cuando un grupo toma un terreno y ejerce presión, el Estado simplemente va a ceder", afirmó.
En esa línea, planteó que lo anterior "perjudica a las miles de familias que con esfuerzo y paciencia cumplen las reglas, hacen la fila y postulan a los subsidios habitacionales como corresponde. Precisamente por eso hemos presentado un requerimiento a la Contraloría para que se respete el derecho de propiedad de todos los chilenos".
En respuesta a las críticas, desde el oficialismo, el diputado Jaime Mulet (FRVS) cuestionó la gestión de la segunda Administración de Sebastián Piñera y aseguró que el problema fue herado por el actual Gobierno.
"Parte en el gobierno de Sebastián Piñera la toma. No se toman allí las medidas que hay que tomar, porque indudablemente una toma de esta envergadura lo que se requiere es actuar rápido para que no siga creciendo. Y ese gobierno no fue capaz de hacerlo, claro, y le heredó a un Gobierno del Presidente Boric. Van a hacer una parte ahora en este gobierno y otra parte quedará para el otro, si estamos en el fondo desalojando una ciudad completa", sostuvo.
Por su parte, su par del Frente Amplio, Jaime Sáez, defendió la acción del Gobierno y señaló que "me parece que hay dos cuestiones importantes a resguardar: la estabilidad de las familias y el derecho a la vivienda como una deuda pendiente que tiene nuestro país".
"Y esta es una oportunidad para poder avanzar en esa línea y, en definitiva, ni las familias ni el Estado de Chile pueden ser rehenes de especuladores inmobiliarios y por lo tanto hay que expropiar todo aquello que sea necesario para poder garantizar la urbanización de ese sector", precisó.
Más allá del debate político, la megatoma y su posible expropiación tienen otras aristas relevantes. Se ha mencionado el impacto económico significativo, ya que estos asentamientos irregulares afectan el valor del terreno, tanto en el área ocupada como en los predios aledaños.
A esto se suma el aumento en la percepción de inseguridad, la conflictividad social y las restricciones para el desarrollo inmobiliario en la zona.
"Particularmente la evolución de las tomas, lo hablo como fenómeno en general, hay evidencia que permite vincular con el alza en la criminalidad, casos que permiten demostrar cómo organizaciones criminales ven las tomas y este tipo de asentamiento irregular en general como un polo de desarrollo para sus acciones delictivas", explicó Diego Hernández, experto en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago.
En cuanto al aspecto legal del desalojo de la porción de la megatoma que no será expropiada (más del 50%), el abogado Patricio Meza, socio de grupodefensa.cl, detalló que "el Serviu está obligado, porque así lo mandató la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a ejecutar el desalojo de esos terrenos y dejarlos".
El abogado añadió que el Serviu "va a tener que dejarlo deshabitado y ordenar que queden bajo el alero, en este caso, de la inmobiliaria, que es la dueña de los terrenos".
