El parlamentario de la Federación Regionalista Verde Social acusó "descriterio" de la Fiscalía y del municipio de Freirina, que accionaron penalmente en el caso.
Anunció la presentación de un recurso de amparo a favor de las imputadas, quienes niegan responsabilidad en el robo.
Ante sospechas de femicidio, la PDI aclaró que ambos cuerpos "no presentan lesiones externas atribuibles a terceros".
Los familiares de la mujer, que denunciaron su desaparición, afirman que el sujeto es su expareja.
Según la Fiscalía, retuvieron a la víctima por nueve horas el 19 de agosto, alegando una supuesta deuda económica de su parte.
Lo obligaron a pedir dinero a cercanos para liberarlo, incluso enviándoles fotos del rapto para apurar las transferencias.
Las agresiones reiteradas tuvieron lugar entre 2012 y 2019, pero las víctimas denunciaron años después, tras ser amedrentadas por el entonces uniformado.
La Fiscalía destacó que sus testimonios durante el juicio fueron fundamentales para demostrar la culpabilidad del atacante.
La víctima tuvo que ser auxiliada por la propia gente del sector para evitar su desangramiento.
La Fiscalía contó al menos una decena de casquillos de bala en el lugar.