El procedimiento -el séptimo de este tipo ejecutado en lo que va de 2024- abarcó 36 penales de forma simultánea.
"El contexto penitenciario de América Latina dista mucho con respecto al nacional (...) El control está", aseguró el subdirector de Gendarmería, Víctor Provoste.
Se efectuó el séptimo operativo de allanamiento simultáneo en penales del país.
El académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach, Claudio Valencia, explicó que si se hace una "buena instalación", no se "daña la comunicación" a residentes.
"Se está apuntando en la medida correcta, es lo que estábamos esperando, la incorporación de tecnología", afirmó el presidente de la Asociación de Gendarmes, Pablo Jaque.
"Gendarmería sigue siendo el patio trasero del Estado. No se invierte realmente como debiera invertirse", lamentan desde ANFUP.
Según sus cifras, en Santiago y Santiago 1 hay casi 6.000 y 5.000 reos respectivamente, mientras que el personal no supera los 300 ó 400 funcionarios por cárcel.
El crimen ocurrió en un comedor del recinto penitenciario.
El tribunal de alzada afirmó que la entidad penitenciaria "tiene el deber de velar por el resguardo en los recintos penales y de la seguridad de estos".
En esa línea, argumentó que "el dictamen recurrido reviste la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutora y que, como tal, resulta apelable".
Dos reclusos depusieron su acción al ser descubiertos, pero el tercero cruzó la "línea de fuego" del recinto.
Gendarmes frustraron su escape haciendo uso de su armamento, según la institución.
El ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, respaldó que Gendarmería impugnara la autorización de videollamadas a presos de la Cárcel de Alta Seguridad.
En Cooperativa, explicó que la institución está facultada legalmente para establecer regímenes de máximo rigor, y que la resolución del magistrado "rompe" la finalidad de éstos.
La acusación fue expuesta por el abogado de la institución penitenciaria, Sebastián Ramírez, quien expuso que la intimidación se realizó "a través de rayados".
El letrado señaló que actualmente se encuentra en trámite "una querella contra quienes resulten responsables" y que Gendarmería "debe extremar las medidas de seguridad".
El juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ordenó que otorgue el beneficio a cuatro internos, que podrían comunicarse con terceros no autorizados.
La resolución escaló a la Corte de Apelaciones, que suspendió la medida mientras resuelve el fondo del reclamo de la institución penitenciaria.
"Es gravísimo. Estos son los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país", deploró el Gobierno.
La institución aseguró que se trató de un suicidio y abrió un sumario administrativo.
El hombre debía cumplir una pena de 541 días por el delito de amenazas.
La decisión del juez Patricio Álvarez se dio tras una revuelta generada por ellos e imputados por el crimen del suboficial Daniel Palma.
En concreto, Gendarmería no podrá impedir el ingreso de visitantes por "razones referentes a la situación migratoria de tales personas".
