El Servicio de Salud Metropolitano Norte detectó que los involucrados en el megafraude -algunos ya expulsados del país- emitieron documentos a profesionales de su red.
El Hospital San José lidera en cantidad de días de ausentismo y concentra la mitad de los trabajadores que compraron licencias a los condenados.
El beneficio eliminó el papeleo para dar paso a los medios electrónicos.
Ante una enfermedad grave de un hijo, los padres tienen 180 días, cada uno, para cuidar al menor.
Un clan familiar creó tres empresas con falsos trabajadores, casi todos con licencias médicas.
La organización compraba los documentos a doctores para luego cobrar las subvenciones en la Compin, generando un perjuicio fiscal de 4.200 millones de pesos.
Las licencias médicas por esas patologías, de origen laboral, "han doblado su frecuencia" el último año, afirmó la psiquiatra Claudia Barrera.
Los permisos emitidos en 2022 por trastornos mentales y del comportamiento alcanzaron los 2,7 millones, 300 mil más que en 2021.
El seguro ahora cubre las enfermedades graves de niños entre uno a cuatro años que deban ser internados en UCI o UTI.
Además, aumenta el plazo de permiso para trabajadores que pequeños afectados por cáncer o trasplante.
La policía dijo que la medida busca "despojar de su patrimonio, respecto de imputados que eventualmente habrían adquirido estos bienes" con recursos del fraude.
Según la Fiscalía, el perjuicio fiscal provocado alcanzó más de 700 mil millones de pesos.
Hasta marzo, se han entregaron 1,7 millones de permisos electrónicos, cuando en el mismo periodo de 2022 se registraron 2,4 millones.
Este número es una baja considerable de lo reportado en los tres primeros años de la pandemia.
Una mujer pasó un año entero sin trabajar valiéndose de este fraude.
Los primeros siete imputados están vinculados con los doctores ya formalizados por el delito, que perjudica tanto a Fonasa como a las isapres.
"Al sancionar a la persona que compra la licencia se va a buscar que las personas se inhiban de buscar este mecanismo para defraudar", sostuvo Patricio Meza.
El dirigente espera que "todas estas redes que sabemos que venden licencias médicas sean eliminadas y sancionadas".
La cartera presentó su nueva estrategia de fiscalización ante el aumento explosivo de permisos fraudulentos en los últimos años.
La Compin abrió un formulario digital para que usuarios denuncien a profesionales que incurran en esta práctica.
El legislador, doctor de profesión y otrora líder del Colegio Médico, es querellante en la causa, en la que la Fiscalía formalizó ayer a 30 imputados.
El diputado Andrés Celis (RN) quiere que el CDE "logre que estos profesionales sin ética restituyan lo defraudado", y pidió citar al director de Fonasa al Congreso.
El Ministerio Público formalizó a la treintena de imputados por los delitos de emisión de licencias falsas, estafa, lavado de activos y asociación ilícita, y logró la prisión preventiva para siete de ellos, sindicados como los líderes.
Uno de los médicos investigados emitió 16.000 licencias médicas, es decir, sólo él defraudó a Fonasa por 5.000 millones de pesos: comportamientos como éste "se bastan a sí mismos para por lo menos hacer aparecer un germen de cuestión", razonó el juez de Garantía.
Se ha generado "un perjuicio económico al patrimonio fiscal de más de 25 mil millones de pesos", explicó Sergio Muñoz.
Los profesionales ofrecían las licencias a través de redes sociales y no examinaban a los pacientes, de acuerdo a la investigación.
Se presume que los profesionales defraudaron al Estado por un monto superior a 55 mil millones de pesos con estos permisos.
La Fiscalía les siguió la pista gracias a un listado de "médicos emisores masivos" elaborado por instituciones públicas.
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