La mitad de los apremios ilegítimos se realiza con un doctor presente.
Investigadores proponen retirarles sus licencias y juzgarlos.
Una de las primeras decisiones del nuevo presidente de EE.UU., Barack Obama, fue ordenar el cierre de la prisión militar de Guantánamo; un lugar donde la Casa Blanca reconoció que se practicaban torturas, situación ante la que la comunidad médica ha permanecido impasible, según denuncia la prestigiosa revista científica The Lancet.
En un duro artículo en la publicación británica se señala que, a menudo, las torturas contra prisioneros se realizan ante los ojos y con la "complicidad" de profesionales médicos, una práctica vigente y habitual en 100 países de todo el mundo.
En ocasiones, avalan si el detenido puede seguir siendo torturado, vigilan sus signos vitales mientras se practica la violencia o que, incluso, certifican su fallecimiento por causas naturales.
Steven Miles y Alfred Freedman, de las universidades de Minnesota y Nueva York, respectivamente, ambas en EE.UU., denuncian en esta tribuna que entre el 30 y 50 por ciento de los retenidos que sobrevive a estas prácticas señala que un médico se encontraba presente en el momento de las torturas.
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| Las torturas se cuentan en Irak, Afganistán y Guantánamo. |
"Son muchos más los especialistas cómplices de estos abusos que los que trabajan en programas de rehabilitación y ayuda a los supervivientes de este tipo de violencia", apuntan los investigadores.
Ante este silencio cómplice de la comunidad médica, ambos autores proponen revisar la declaración de Tokio de 1975; un texto sobre la ética sanitaria en estas situaciones que fue actualizado por última vez en el año 2006.
Aunque el documento ya condena la participación de médicos en cualquier acto de crueldad o degradación inhumana de este tipo, los autores sugieren algunas maneras para endurecer sus términos.
Entre otras cosas, proponen una definición común de tortura para armonizar los códigos éticos de las distintas sociedades médicas de todo el mundo.
Además, añaden, los certificados de defunción de cada detenido deben ser públicos, y las organizaciones sanitarias deberían buscar fórmulas para que los médicos que participen en estas prácticas no queden impunes; tanto profesional como criminalmente.
Entre otras cosas aconsejan que se retiren las licencias y se les impida ejercer la Medicina en otros países del mundo si tratan de emigrar.
A pesar de las acusaciones sobre lo que está ocurriendo en prisiones de Irak, Afganistán y el propio Guantánamo, "ninguna organización ni sociedad profesional ha iniciado acciones contra ningún médico o sicólogo estadounidense acusado de ultrajar a prisioneros en la llamada guerra contra el terror", resume el texto.
El juicio contra 20 médicos nazis en los juicios de Nuremberg, la expulsión de seis miembros de la Sociedad Médica de Chile por su colaboración con la dictadura de Pinochet, la retirada de la titulación a un médico brasileño por falsificar el certificado de defunción de una víctima de tortura, cinco casos más en Uruguay y dos en Sudáfrica son los más destacados.
