La junta birmana anunció este martes un indulto parcial a la exlíder democrática Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 y sobre quien pesan condenas que suman hasta 33 años de cárcel.
El régimen castrense divulgó la noticia en una escueta misiva a la que tuvo acceso EFE, un día después de anunciar la extensión del estado de emergencia en Birmania por seis meses más, lo que impide que se celebren elecciones este año.
La notificación castrense sólo cita como anuladas 5 de las 19 condenas que pesan contra Suu Kyi, lo que confirmó también a EFE una persona vinculada al caso, de modo que no se espera que la nobel de la Paz sea liberada plenamente.
Estas fuentes añadieron que Suu Kyi, de 78 años, todavía está en prisión, si bien a medida que la noticia del indulto parcial se difunde podría ser transferida hacia un arresto domiciliario, como se especula desde hace días.
El portavoz de la junta, Zaw Min Tun, aseguró por su parte en un grupo de conversación online con medios birmanos que la reducción total aplicada a la sentencia llega a seis años.
Entre los delitos amnistiados está el de violación de las normas para la prevención de contagios de Covid-19 en la campaña electoral y otro de corrupción.
INDULTO GENERAL
El indulto, de un impacto menor del previsto al conocerse las primeras informaciones, forma parte de una amnistía a 7.749 prisioneros anunciada hoy por la junta, en la que se incluye la reducción de cuatro años a la condena de 12 del expresidente Win Myint.
El pasado viernes, fuentes cercanas a Suu Kyi aseguraron a EFE que había sido "realojada" en una fecha no confirmada en un edificio controlado por el régimen militar cuya ubicación se desconoce, tras haber permanecido aislada en una prisión de la capital, Naypyidó.
Suu Kyi ya pasó 15 años bajo arresto domiciliario en una residencia en Rangún, durante el periodo de mandato de la anterior junta militar (1962-2011).
El golpe de Estado de hace dos años y medio, que derrocó el gobierno encabezado por Suu Kyi y puso fin a una década de transición democrática, ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado anularon y en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
Según el último recuento de la Asociación para la Asistencia de los Prisioneros Políticos (AAPP), una ONG local, 19.733 prisioneros políticos continúan detenidos y 3.857 personas han fallecido en manos de las fuerzas armadas desde la asonada.
