La diputada Catalina Pérez declaró este viernes ante el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y el persecutor jefe de dicha ciudad, Cristián Aguilar, en calidad de imputada por el caso Democracia Viva.
Esta semana, previo a esta diligencia, la parlamentaria -con militancia suspendida en Revolución Democrática (RD)- dijo que es "una diligencia que venimos solicitando desde hace bastante tiempo a la Fiscalía, me tranquiliza mucho que esto vaya a ocurrir".
Pérez declaró finalmente por varias horas y se retiró de la Fiscalía Nacional sin hablar con la prensa.
Quien si habló fue su abogado, Gonzalo Medina, quien puntualizó que "ella señaló que nunca había intervenido ni en la selección de las fundaciones, tampoco en la asignación de recursos. No intervino de ninguna manera en como se generaron estos convenios entre la Seremía y diversas fundaciones; que no recibió directa ni indirectamente ningún peso vinculado a ninguno de estos convenios y que la verdad que espera con esta declaración que se ponga fin a las especulaciones respecto a supuestas intervenciones que ella habría tenido".
Se espera que con esto se contribuya a "aclarar cuál ha sido su participación en esto, pero que no lleva ninguna responsabilidad penal asociada a lo mismo", agregó.
Cabe recordar que Pérez es la expareja de Daniel Andrade, representante legal de la fundación Democracia Viva, como también trabajó con el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Conteras, ambos exmilitantes RD y formalizados por fraude al Fisco.
MONTES: "LO ÚNICO QUE QUEREMOS ES QUE ESTO TERMINE LUEGO"
Por este mismo caso declararon la última jornada Verónica Serrano, exjefa de Asentamientos Precarios del Minvu y tía del actual jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ambos en calidad de testigo.
Éste último reiteró esta mañana que "yo nunca supe antes del 16 de junio, independiente de lo que haya dicho la exsubsecretaria", haciendo referencia a Tatiana Rojas, quien indicó ante el ente persecutor que le informó sobre este caso al titular del Minvu el 8 de junio, aunque éste estalló ocho días después tras la publicación del medio Timeline.
"Nosotros lo único que queremos es que esto termine luego, porque el caso ha afectado mucho la moral y el trabajo del Ministerio de la Vivienda y para eso valoramos que esté esta investigación, que haya fiscales", remarcó Montes
Y añadió que "nosotros le ofrecimos al final de la reunión que toda aquella información que él requiriera que investigáramos más a fondo, la íbamos a hacer para entregársela y ahorrarle tiempo a ellos para que no tuvieran que hacerlo por su cuenta, y acordamos dos o tres temas que íbamos a trabajar".
Acerca de un presunto delito de omisión de denuncia, el fiscal Aguilar sostuvo que esta arista "se encuentra actualmente en investigación, no judicializada, no formalizada, con actuaciones pendientes, que nos permitirán, una vez que se agreguen, tomar una decisión respecto al rumbo y destino de esa investigación".
Por su parte, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, aseguró que mientras "la investigación no se encuentre cerrada y, por tanto, el plazo de investigación esté vigente, nosotros no descartamos volver a citar a ninguna de las personas que hayan citadas previamente, independiente de la calidad en la que hayan sido citadas, o bien citar a otras personas en lo que queda del plazo de investigación".
