El ministro de Desarrollo Social y fundador de Revolución Democrática (RD), Giorgio Jackson, habló públicamente por primera vez desde que estalló la trama de los millonarios convenios firmados entre la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, un asunto que ha crecido como una bola de nieve y ha abierto nuevas aristas que involucran a distintos actores de la colectividad.
La mentada organización sin fines de lucro que está involucrada en el caso -ahora investigado por el Ministerio Público- tenía por representante a Daniel Andrade, militante RD y pareja de la diputada del partido Catalina Pérez, mientras que la Seremi estaba encabezada por Carlos Contreras, también miembro de la conformación, que apenas se hizo pública la firma de los tratos presentó su renuncia. En el pasado, fue jefe de gabinete de la parlamentaria durante su primer periodo.
En una rueda de prensa, Jackson consideró que el entramado "es un caso absolutamente inaceptable para quienes hemos tratado en nuestro historial de aumentar los estándares en materia de probidad y de transparencia".
"Nos duele y nos decepciona más aún, porque por supuesto que queremos aumentar los estándares, y creo que la ciudadanía ha venido demandando eso; no alguien en particular: la ciudadanía está demandando mayores estándares y, por lo tanto, cuando ocurren situaciones como ésta hay que ser, sin matices, absolutamente duros, para que esto pueda llegar a un aprendizaje para las instituciones", aseveró el secretario de Estado.
Este viernes, el presidente y senador de RD, Juan Ignacio Latorre, anunció que el partido determinó querellarse contra quienes resulten responsables por los convenios, "caiga quien caiga, sin doble estándar, sin silencios cómplices".
Al mismo tiempo, el timonel señaló que la tienda solicitará al Tribunal Supremo que se congele la militancia de Pérez, que hasta ahora ha negado haber estado enterada de las tratativas, y abandonó sus funciones en la mesa de la Cámara Baja por la presión de una moción de censura en su contra.
ALLANAMIENTOS EN ÑUÑOA Y ANTOFAGASTA
La Fiscalía Regional de Antofagasta, que inició de oficio una investigación sobre el caso, informó mediante un comunicado que "concretó esta tarde (de viernes una) diligencia de entrada, registro e incautación, en el domicilio de la Fundación Democracia Viva en la comuna de Ñuñoa, como asimismo en las oficinas de la Seremía de Vivienda de Antofagasta".
"La diligencia fue desarrollada en forma simultánea por personal de la Brigada de Delitos Económicos de Antofagasta y Santiago de la Policía de Investigaciones, con la debida autorización del Juzgado de Garantía de Antofagasta, solicitada por el fiscal Cristian Aguilar Aranela, con la finalidad de reunir elementos que permitan corroborar la existencia de los hechos investigados, en los términos de configurar o no un delito", explicó el Ministerio Público.
La indagatoria busca establecer si hubo "delitos en la asignación de convenios para proyectos en campamentos de la ciudad (nortina), con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo".
En relación a la indagatoria que abrió el Ministerio Público y el tipo penal que podría configurarse, el fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que "cada vez que se realiza una investigación de esa naturaleza, en la que pueden participar funcionarios públicos, se investigan múltiples ilícitos posibles contenidos en el Código Penal".
"No quisiera decir que este es el caso, pero, como ustedes saben, cuando hemos visto investigaciones como éstas en otros casos de corrupción, se investiga la posibilidad de malversaciones, de cohechos, de fraudes al fisco", indicó el jefe de los persecutores.
DELEGADA EN EL BIOBÍO DICE QUE YA NO TIENE NEXOS CON FUNDACIÓN
Durante las últimas horas la mirada de la oposición se posó también sobre otras organizaciones que han estado bajo el liderazgo de militantes de RD, como la Fundación Urbanismo Social, que en la Región del Biobío se adjudicó por trato directo con el Serviu una asesoría a familias afectadas por los incendios en 140 millones de pesos.
El escrutinio de la oposición surgió a raíz de que la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, y su exjefe de gabinete, Vicente Guzmán, desempeñaron labores en la organización: la primera como coordinadora regional de proyectos y el segundo como director regional.
Hoy, Guzmán es el encargado regional de campamentos en el Serviu del Biobío.
Consultada sobre su lazo con la organización, Dredsner señaló: "Yo trabajé para la fundación Urbanismo Social, eso es algo que está en mi currículum, es algo que jamás se haya ocultado, pero nunca fui parte ni de los directorios ni de la dirección de ninguna manera. Fui contratada para proyectos específicos en dos periodos y no mantuve ninguna relación con ella desde que salí en 2017".
"Actualmente existen dos contratos con Fundación Urbanismo Social y, si existen dudas, hay que poner absolutamente todos los antecedentes sobre la cancha y eso es algo que se ha estado haciendo", afirmó la autoridad regional.
"Efectivamente yo he hablado con la Seremi de Vivienda, están poniendo a disposición todos esos antecedentes, porque aquí todos los procesos han sido absolutamente correctos, absolutamente legales, en los que yo no he tenido nada que ver. Incluso, Vicente Guzmán -que no está relacionado directamente con estos proyectos, porque no son proyectos de campamentos-, se ha inhabilitado para todas las decisiones que tengan que ver con esto. Nos tomamos muy seriamente los temas de corrupción", complementó la delegada.
"SUPERIORIDAD MORAL"
La trama de los convenios que involucran a RD sigue encendiendo los ánimos en la oposición y al interior del propio oficialismo, especialmente del Socialismo Democrático, que fue parte de aquellos sectores políticos apuntados por Jackson en agosto de 2022 en su polémica tesis de superioridad ética.
"Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del Gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió", dijo el entonces ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en medio de una entrevista a través de la plataforma Twitch, comentarios que provocaron molestia generalizada en los partidos de la exConcertación.
El senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza, que ha sido muy crítico con el Gobierno, volvió a expresar hoy su indignación con el caso que involucra a militantes de RD, afirmando que "quienes ganaron la elección diciéndole a Chile que ellos eran el cambio de la política, que tenían superioridad moral, que nunca más el amiguismo y el nepotismo, simplemente le faltaron a la verdad al país completo".
Por su parte, la presidenta del Partido por la Democracia (ppd), Natalia Piergentili, aseveró que "allí donde hay seres humanos va a haber siempre que tener ojo e incentivos para que no ocurran irregularidades".
"La mejor manera de salir de eso es plantarle cara, ponerse duro, hacer lo que hay que hacer: condenar y bregar para que existan la mayor cantidad de controles cuando estamos hablando de dineros públicos", indicó la dirigenta.
Desde Chile Vamos, en tanto, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) sugirió a Jackson que "si quiere aportar en la investigación, entonces que vaya declarar como testigo, toda vez que su partido, RD, es el que se encuentra, a través de subsecretarios, seremis y diputados, involucrados en este conflicto".
