El fiscal nacional Jorge Abbott envió un oficio a la Convención Constitucional donde alerta de los riesgos de aprobar un artículo que obligaba a hacer públicas diligencias investigativas, e hizo un llamado a los constituyentes a no aprobar esta norma.
Según La Tercera, el oficio, informado en la Comisión de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional este lunes, apunta al inciso primero del artículo 12 del primer informe despachado al pleno del órgano por esta instancia, el cual plantea: "Todas las etapas de los procedimientos y las resoluciones judiciales son públicas. Excepcionalmente, la ley podrá establecer su reserva o secreto en aquellos casos en que la publicidad pueda significar un peligro grave de afectación a la integridad e intimidad de las personas".
Este fue aprobado en general en la Convención el pasado martes 15 de febrero y, al día siguiente, Abbott decidió enviar un oficio de cuatro páginas al día siguiente: "Causa preocupación por la amplitud de su ámbito de aplicación que en lo operativo podría causar perniciosos efectos en los procedimientos criminales y la necesidad de esclarecimiento de los hechos criminales", indicó la máxima autoridad del Ministerio Público.
Y agrega "en efecto, interpretada literalmente de conformidad con el texto aprobado por el pleno, la publicidad de ciertas actuaciones y resoluciones judiciales podría tener consecuencias adversas para el éxito de las investigaciones penales", además, apunta que este artículo entra "en conflicto" con la norma número 182 del Código Procesal Penal que establece que "las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía serán secretas para terceros ajenos al procedimiento", el cual quedaría rezagado, ya que el aprobado en la Convención tiene carácter constitucional.
"Su publicidad, por el contrario, puede tener como efecto indeseado el hecho de alertar a quienes se encuentran ejecutando un crimen o simple delito, permitiéndoles la reacción oportuna que podría dificultar la acción de la justicia, obstruyendo o impidiendo la ejecución de las mismas o simplemente facilitándoles la fuga de los responsables de comportamiento que han amenazado, afectado o perjudicado a otros ciudadanos", explicó Abbott.
Debido a esto es que el fiscal nacional pidió a los constituyentes reconsiderar su decisión y, de hecho, en la votación en particular, se solicitó votar por separado el inciso primero del artículo 12, y el pleno logró rechazarlo al no alcanzar el quórum de los dos tercios, tampoco logrando ser repuesto por la comisión, así que la norma no será incluida en un segundo informe.
