Corte suspendió a conservador de bienes raíces denunciado por acoso sexual
Álvaro Toledo fue acusado por almuerzos de trabajo que derivaban en "invitaciones indebidas hacia lugares inadecuados".
También se le imputó "la generación de un ambiente laboral humillante, intimidatorio, hostil y degradante para sus trabajadoras".
La Corte de Antofagasta solicitó a la Suprema que abra un cuaderno de remoción en contra del letrado.
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La Corte de Apelaciones de Antofagasta suspendió por ocho meses al conservador de bienes raíces, comercio y archivero judicial de Calama, Álvaro Toledo, por incumplimiento de deberes funcionarios y conductas de acoso sexual y laboral.
Tras conocer las denuncias de acoso sexual y laboral, formuladas al ministro visitador Juan Opazo, el tribunal de alzada ordenó, en noviembre de 2023, dos investigaciones sumarias para determinar responsabilidades del acusado.
Como resultado del primer sumario, la Corte estableció una suspensión de funciones por el período de cuatro meses, por incumplimiento de sus deberes funcionarios y obligaciones ministeriales, en lo cuales gozará de medio sueldo.
En cuanto al segundo sumario, el tribunal acordó la suspensión, también por cuatro meses, y solicitó a la Corte Suprema la apertura de un cuaderno de remoción a Toledo; junto con la intervención del Oficio Conservatorio por parte de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación.
INVITACIONES IMPROPIAS
Respecto al acoso sexual, el fallo da cuenta de tres denunciantes afectadas por "las mismas herramientas y el mismo tipo de requerimientos" del conservador: "Invitaciones que en principio importaban un almuerzo de trabajo, para luego, transformarlo en invitaciones indebidas hacia lugares inadecuados".
En cuanto al acoso laboral, menciona "la generación de un ambiente o clima laboral humillante, intimidatorio, hostil y degradante para sus trabajadoras, lo que se ha traducido en afectaciones en la esfera de la salud mental", respaldadas en informes psicológicos.
Por último, sobre la solicitud de apertura de un cuaderno de remoción, la Corte afirmó que la responsabilidad de un conservador de bienes raíces exige resguardo de la fe pública, por lo que se hace presente "la necesidad de desplegar acciones acordes al compromiso institucional de erradicar toda forma de discriminación y, con ello, promover espacios libres de violencia de género".