El Gobierno entregó a última hora el plan para ejecutar el desalojo de las hectáreas que no serán expropiadas en el Cerro Centinela, donde se emplaza la megatoma de San Antonio, cumpliendo así con el requerimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El documento —de carácter reservado— fue ingresado a través de la Delegación Presidencial Regional e incluye detalles sobre la magnitud de la población que vive en el asentamiento, la disponibilidad de contingente policial y la coordinación con otros eventos masivos en la región.
Pese a ello, La Moneda optó por no informar la fecha exacta del operativo, argumentando razones de seguridad.
"Hablamos de un desalojo que, si se realiza en su totalidad, implica un esfuerzo mil veces mayor al de Lo Barnechea (de esta semana)", sostuvo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien descartó revelar más información sobre el operativo, pues "cada vez que se ha publicado el detalle de planes de desalojo, hemos tenido más dificultades para llevarlos adelante".
No obstante, el jefe de gabinete relevó que en este caso, "es un esfuerzo logístico y operativo de magnitud, que requiere la participación de un contingente importante de Carabineros. Entonces, en ese contexto, se ha hecho una planificación respecto de la disposición de la dotación necesaria".
Albergue temporal
Mientras tanto, el municipio de San Antonio habilitó el Colegio España como albergue temporal para quienes resulten desalojados, con capacidad para 116 personas —equivalente a unas 38 familias— pese a que en el terreno existen más de 4.000.
El gimnasio del recinto funcionará como refugio por tres días para grupos prioritarios, como embarazadas, personas con discapacidad y familias con niños, y contará con servicios básicos, aunque sin permitir el ingreso de mascotas.
El jefe de gabinete municipal, Esteban Hinojosa, aprovechó de reiterar "la urgencia de un plan habitacional de emergencia para la comuna, donde operan 67 comités de vivienda, varios con más de una década de antigüedad".
"Han ahorrado durante muchos años para tener su casa propia: de ellos, 11 trabajan con la municipalidad a través de su Oficina de Gestión Habitacional, y tenemos 150 personas con demanda espontánea para una casa-habitación", puntualizó el funcionario.
"Creemos importante que, a través de esta premisa que ha entregado el Gobierno, se pueda generar un plan (habitacional) especial para la comuna de San Antonio, porque no es un asentamiento irregular que tenemos, sino que hay varios. Hay comités que tienen más de 10 años de existencia", sostuvo.
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En paralelo, desde la UDI volvieron a cuestionar la expropiación anunciada por el Gobierno para regularizar el resto del terreno: el jefe de bancada, Henry Leal, acusó una "vulneración al derecho de propiedad" y afirmó que "su partido está disponible para impulsar una comisión investigadora o incluso una acusación constitucional".
Desde Interior y la Segegob respondieron que no existe ilegalidad alguna en el proceso y que la expropiación es una herramienta usada también por administraciones anteriores, incluido el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
