La diputada salvadoreña Rebeca Rodríguez interpuso una demanda contra el Estado de Chile por un fatal accidente ocurrido en 2022, que involucra al exdiplomático en El Salvador, Juan Eugenio Vega Urceley.
El hecho ocurrió el 18 de octubre de 2022, cuando el exprimer secretario y jefe de cancillería de la Embajada de Chile en El Salvador presuntamente causó la muerte de un ciudadano salvadoreño mientras conducía su auto fiscal.
Según los antecedentes de la Fiscalía de El Salvador, Vega -quien se encontraba en labores en dicho país- habría perseguido a un motociclista tras una riña, saltando reglas del tránsito e impactándolo de frente, provocando su muerte en el lugar.
La parlamentaria acusa que el exfuncionario salió del país centroamericano en menos de 48 horas por sus beneficios diplomáticos, evadiendo la Justicia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió en 2024 la Resolución Exenta No3, en la que informó la destitución del funcionario involucrado.
Rodríguez apuntó que "claramente existió un abuso a la autoridad del entonces encargado de negocios, el embajador alterno, el señor Juan Vega, y en el gobierno chileno para ocultar este tipo de situación".
Asimismo, la diputada responsabiliza a la exministra Antonia Urrejola y su jefa de gabinete, Carola Muñoz, actual embajadora de Chile en Ecuador, por la gestión del caso.
Acusan "claro error jurídico"
Por su parte, el abogado asesor de la parlamentaria, Carlos Murillo, evidenció un "claro error jurídico" en la forma que se trató el hecho, ya que, no se trataba de un accidente de tránsito simple, sino de una "cobarde conducta" cometida por "un individuo que gozaba la inmunidad diplomática".
La familia de la víctima otorgó su mandato para llevar el caso ante la justicia chilena.
Por su parte, el abogado Cristián Jara, especializado en Derecho Público, Asuntos Internacionales y socio de JyDS Cía. Abogados, señaló que "es muy grave en términos jurídicos y diplomáticos, tanto por la falta de transparencia de la Cancillería de no informar el hecho en su oportunidad como por no haber tomado acciones inmediatas y haberle seguido pagando el sueldo al presunto autor por casi tres años hasta su destitución administrativa, como si nada hubiera ocurrido".
