Otra de EVoting. Tras los cuestionados procesos eleccionarios en la UDI y Ciudadanos, se suma la denuncia de que el sistema de votación hizo pública una serie de datos de los vecinos de Providencia, La Reina y Las Condes que participaron de la consulta ciudadana que rechazó la construcción de una laguna artificial en el Parque Padre Hurtado.
Según publica hoy sábado La Tercera, el ingeniero Francisco Montoto se percató de la situación cuando, tras votar, volvió a ingresar al sistema con su RUN y éste le arrojó un mensaje con la hora exacta en que había votado el 21 de octubre.
Aquello abrió una ventana de información a la que pudo acceder sin contratiempos y sólo cruzando los RUN del padrón comunal, información pública entregada por el Servel. Con esa operación pudo obtener la hora exacta, la identificación del voto, la dirección IP y la comuna en que residían los 77 mil 812 vecinos que sufragaron.
Montoto denunció la situación en su blog personal el pasado 8 de enero, texto en el que daba cuenta que tras percatarse de la "protección deficiente" de la información, intercambió una serie de mensajes con Tomás Barros, socio de EVoting, quien le informó que se haría una modificación en el sistema para que no se pudiera acceder a dichos datos.
"Último clavo en el ataúd"
Consultados por el matutino, desde EVoting reconocieron estar "sorprendidos" con la denuncia, pero descartaron fallas o vulneraciones a la privacidad de las personas.
"Desmentimos categóricamente que haya una filtración de datos en esta o cualquier otra votación. (...) Hablamos de una votación segura, en que el secreto se ha mantenido en todo momento y los datos de los que se están hablando son públicos como en cualquier otra votación, incluso una de papel", explicaron.
Por su parte, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, apuntó que se le pidió a la empresa que "clarifique esta información" porque hay "un contrato que establece la privacidad de todas las personas que participaron en la consulta, y es fundamental que así sea", documento que permitirá "tomar acciones legales" en la eventualidad de que "algo que no está permitido ocurrió".
En tanto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, precisó que la información del domicilio de una persona es pública, pero "no se justifica la divulgación del IP, que no es necesario para efectos del control social del acto de consulta".
"Este episodio es el último clavo en el ataúd del voto electrónico", sentenció Pablo Viollier, analista de la ONG Derechos Digitales.
