Permitir que peligrosos internos realicen videollamadas "contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad", afirmó el ministro de Justicia.
Dijo además que el Gobierno "no tiene constancia" de las amenazas que el magistrado aseguró haber sufrido a propósito del escándalo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, desestimó este lunes los argumentos que planteó el juez de garantía Daniel Urrutia para permitir que peligrosos internos de la Cárcel de Alta Seguridad realicen videollamadas.
"En primer lugar, es una decisión que contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad", dijo el secretario de Estado en una rueda de prensa.
Cordero, abogado constitucionalista de profesión, afirmó que "en segundo lugar, no se han comprometido los derechos de las personas que están privadas de libertad al interior del establecimiento".
"Y en tercer lugar, en este punto el Ejecutivo tiene una sola opinión y es que, dada la naturaleza de la condición procesal de las personas que están ahí, los delitos que cometieron -que explican, entre otras cosas, por qué se encuentran en el recinto que tiene mayor exigencia de seguridad al país- es razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisión", agregó.
En su respuesta al requerimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago tras su resolución en la que autorizaba las videollamadas, Urrutia adujo que fundó su medida en una serie de reglas internacionales para el tratamiento de reclusos y que, debido a su decisión, ha recibido una serie de amenazas de muerte.
Consultado al respecto, Cordero señaló que el Gobierno "no tiene constancia" de tales intimidaciones.
"Supongo que, si esas denuncias las ha recibido el juez Urrutia, han sido oportunamente comunicadas a la autoridad respectiva que sería el Ministerio Público para estos efectos. El Ejecutivo no tiene constancia en antecedentes de eso", apuntó.
