Los diputados del Partido Republicano Juan Irarrázaval y Agustín Romero denunciaron este jueves a Claudio Orrego de proselitismo político y faltas a la probidad en el marco de su junta de firmas como independiente para repostular al cargo de gobernador de la Región Metropolitana.
Se trata de una denuncia ante la Contraloría General de la República contra el líder regional y dos alcaldes: Felipe Muñoz Heredia, de Padre Hurtado, y Felipe Muñoz Vallejos, de Estación Central, a quienes acusan de -desde abril a la fecha- ejecutar una serie de acciones a nombre de sus respectivos municipios para beneficiar la reelección de Orrego.
En el caso particular del jefe comunal de Padre Hurtado, se denunció que en el acto de entrega del terreno del Megaproyecto habitacional "Padre Hurtado Somos Todos I y II", se instaló un stand del gobernador solicitando firmas para inscripción de su candidatura como independiente, el cual estaba siendo atendido por funcionarios municipales con computadores institucionales para llevar a cabo la captación de firmas.
Respecto a su par de Estación Central, se detalló que, a través de un video publicado en la red social X, la autoridad municipal llamó a firmar por la candidatura de Orrego, mencionando todos los beneficios obtenidos en su comuna.
Asimismo, destacó el rol que ha ejercido como gobernador regional, entre ellos, para la adquisición de un camión aljibe, de 10 nuevas camionetas eléctricas para seguridad, limpieza y pintura de fachadas en la Alameda, una veterinaria móvil, etc.
En el documento presentado también se explicó que "es posible verificar la existencia de proselitismo político de parte de las autoridades, regional y comunales, los que se encuentran sujetos a las normas de probidad, debiendo ejercer sus cargos con prescindencia política, tal como lo exige la normativa vigente".
Además, el escrito señala que "no se puede ocupar tiempo de la jornada de trabajo, ni bienes institucionales, ni menos funcionarios públicos para fines ajenos a sus funciones, como sucede en el caso denunciado para favorecer sus candidaturas en las elecciones de 27 de octubre próximo".
"Sus actuaciones deben contribuir al desarrollo de la comunidad, ejerciendo sus funciones con preeminencia del interés general sobre el particular, por lo que su inobservancia debe ser sancionada y acarrear las responsabilidades correspondientes", se solicitó.
Un "intervencionismo descarado"
En cuanto a la denuncia, el diputado Juan Irarrázaval advirtió que "no hay registro, al menos yo no tengo noción, de un intervencionismo tan descarado como el que se está llevando a cabo desde la campaña del gobernador Orrego".
"La verdad es que lo más elemental que podría tener una ley contra el intervencionismo electoral el gobernador Orrego lo ha pasado a llevar de la manera más expresa posible: se colude con alcaldes en ejercicio de su cargo, expresamente a cargo de favores para juntar sus firmas de "independiente", independencia que por supuesto también queda en evidencia es una completa mentira", cuestionó el parlamentario de Republicanos.
Irarrázaval agregó "acá hay una violación sistemática de la ley, no creo que hayan dejado una sola norma sobre intervencionismo sin faltar. Esperamos que la Contraloría actúe porque francamente nuestro alicaído estado de Derecho ha tocado fondo".
Mientras que Romero expresó que "todos los proyectos aprobados por el Gobierno Regional son fruto del consenso del Consejo Regional, donde todos los consejeros, independientemente de su afiliación política, participan en las decisiones".
En este sentido, enfatizó que "las ayudas recibidas por el alcalde de Estación Central no son un logro personal del gobernador Orrego, sino del propio alcalde que presentó y ganó la aprobación de los proyectos por parte de todos los consejeros regionales".
