Cuatro de los nueve estudiantes que participaron de una toma en el Congreso en octubre del año 2011 fueron condenados este sábado a trabajos voluntarios.
Por ser menores de edad, el tribunal determinó con los estudiantes que el 20 de octubre irrumpieron en el Congreso cuando se discutía el Presupuesto de Educación, deberán cumplir 30 horas de servicio comunitario, pese a que la Fiscalía había solicitado 120 horas.
El abogado defensor, Rodrigo Román, explicó que la condena sienta un mal precedente pese a que "está dentro del marco legal y la suspensión también, pero finalmente eso es un mal premio de consuelo".
Y detalló que "en el fondo el juez no quiere casarse y hacerse responsable de haber dictado una condena y suspende los efectos para aminorar las consecuencias perniciosas que tiene que adolescentes en Chile sean condenados por protestar".
La fiscal adjunto, Ximena Chong, explicó que "lo que señala la norma, es que las personas que están sujetas a esta sanción específica de suspensión de la condena no deben ser formalizadas ni requeridas por nuevos crímenes".
"En el evento de que ellos sean formalizados o requeridos, queda sin efecto esta medida especial de suspensión de la condena", agregó, por lo que los cuatro estudiantes condenados deberán tener durante seis meses una conducta irreprochable.
Sin embargo, Scarlett Bravo, la única mayor de 18 años entre los condenados, sostuvo que apelarán, ya que "no podemos permitir que estas cosas pasen y que se condene a los estudiantes por el simple hecho de protestar. No podían esperar que nosotros le diéramos abrazos al ministro si llevábamos seis meses en toma, sucias y con hambre".
"Voy a seguir participando en todas las instancias que sean necesarias para lograr que esto termine y que nosotros seamos absueltos", enfatizó.
Los otros cinco acusados, entre ellos el ecologista Luis Mariano Rendón, fueron absueltos de todos los cargos.